Grave que
Policía Estatal Preventiva y agentes de la Ministerial, continúen usando la
tortura contra presuntos delincuentes.
Además que
amenacen a ciudadanos para que no acudan ante la Procuraduría de los Derechos
Humanos.
ENSENADA B. C. En las últimas semanas se han incrementado las quejas
en contra de agentes de la Policía Estatal Preventiva y lamentablemente también
en contra de agentes ministeriales de la PGJE, por parte de ciudadanos que
señalan que al ser detenidos y esposados, son golpeados y asfixiados con bolsas
de plástico sobre sus cabezas para que acepten estar involucrados en delitos
particularmente de narcotráfico o bien para que señalen a alguien más como el
que les vende drogas.
Esto parece ser una forma establecida de investigación
lo cual es muy grave. Es también recurrente que a quienes detienen son a
personas que ya con anterioridad fueron detenidos por posesión o consumo de
drogas y que ya cumplieron con sus procesos ante las autoridades sancionadoras.
También es sumamente delicado que estos malos agentes
policiacos amenacen a esas personas de continuar hostigándolos, de afectar a
sus familias e incluso de sembrarles drogas si acuden a denunciarlos ante esta
procuraduría de los derechos humanos. Este comportamiento es totalmente
criminal y no debe tolerarse entre policías que deberían estar al servicio de
la ciudadanía y no en contra de ella.
Esto es muy delicado porque viene a confirmar lo que
señalo este año el organismo internacional Human Rights Watch (HRW), en el
sentido de que la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México y
que se emplea para obtener confesiones por la fuerza. Señalamiento que también
ha sido externado por Amnistía Internacional y por el Comité de la ONU Contra
la Tortura quien incluso fue incisivo al manifestar que a pesar de haber
conminado a México a adoptar medidas y recomendaciones contra la práctica de la
tortura, ésta se sigue practicando.
En este sentido urge que el Gobernador José Guadalupe
Osuna Millán, el Procurador de Justicia y el Secretario de Seguridad Publica
del Estado, escuchen nuestras voces para que en Baja California se destierre la
tortura y se avance firmemente en el respeto a los derechos humanos. No hacerlo
es permitir que esta práctica nociva siga reproduciéndose en nuestra entidad,
en detrimento de los más altos valores de la democracia que parte del
irrestricto cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y de las
garantías constitucionales.
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