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| Regidor del Ayuntamiento de Ensenada B. C. Méx. |
Comisión Nacional de
Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deben de enviar
observadores permanentes en esa zona en conflicto.
ENSENADA B. C. Urgen acciones
concertadas entre los tres órdenes de gobierno para ofrecer alternativas
viables y concretas a los jornaleros agrícolas del sur del municipio. El
gobierno federal no debe apostar por el desgaste del movimiento a causa del
tiempo transcurrido y a la desesperación de los trabajadores por falta de
ingresos.
La radicalización de algunas personas, ante lo que ellos
denominan actos de represión pone en riesgo la estabilidad social y la
seguridad de los habitantes de esa región en cuanto a su integridad física y
bienes patrimoniales.
Los cuerpos policiacos y sus mandos, deben actuar bajo
protocolos de respeto a los derechos humanos y respetando el debido proceso,
para evitar violentar la ley al pretender “conservar el orden público”
existe un ambiente de desconfianza y temor tanto de los jornaleros hacia
la autoridad, así como de residentes y comerciantes que temen que se puedan desatar
actos de vandalismo y de rapiña que ponga en riesgo su vida y sus bienes, como
ya sucedió en una ocasión.
Ante esta situación los gobiernos municipal, estatal y
federal podrían implementar no solo acciones de corte policiaco, sino de índole
social llevando apoyos humanitarios y de gestión social a la región.
Todos sabemos que los reclamos por mejores condiciones
salariales y de seguridad social son justas. Y que en la zona sur hacen falta
muchos servicios públicos, opciones de educación media superior y de atención
médica para la población.
Si el gobierno del estado y el ayuntamiento de Ensenada
cierran filas y regularizan asentamientos humanos y hacen el reconocimiento de
comunidades indígenas, pueden exigir que el gobierno federal acepte que en la
zona rural del sur del municipio, existen condiciones de pobreza y de
marginación que necesitan de mayores partidas presupuestales del ramo 33 y del
sector salud para mejorar las condiciones de vida de las personas.
Creo además que la CNDH, así como la comisión estatal de
derechos humanos, deben enviar observadores permanentes a San Quintín y
delegaciones cercanas en el sur del municipio de Ensenada, para evitar actos
violatorios de los derechos humanos en contra de jornaleros y documentar si
existen en la zona personas que estén actuando como provocadores para desatar
la violencia en la zona.
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