Carta a la redacción
de Ave fénix
Nació muerta la Secretaría de transparencia de la
Universidad Autónoma de Baja California con el nombramiento sin convocatoria
alguna o mediante un proceso transparente y legitimador en la designación de
quien encabezará estos esfuerzos, con lo cual el Rector Ocegueda ratifica su
nulo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la máxima
casa de estudios.
De acuerdo a la respuesta otorgada a la solicitud de
información UABC/UT/024-15 en la que requirió copia de la documentación
generada en el proceso de selección de la secretaria de transparencia de la
UABC, los nombres de los aspirantes a este mismo cargo y motivos por los cuales
no fueron seleccionados, la Secretaria General de la Universidad informó que la
ex secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia del Estado Maria Rebeca
Felix Ruiz fue designada de manera directa y discrecional por el Rector Juan
Manuel Ocegueda, argumentado las facultades que le otorga el Estatuto General
de la Universidad y escudándose en una mal entendida autonomía, dejando de lado
cualquier posibilidad de buscar un mejor perfil al presentado por Felix Ruiz
quien ni siquiera cuenta con el grado de Doctor que ostentan prácticamente la
totalidad de los colaboradores cercanos del Recto y
no permitiendo con esto la participación de expertos con mayor capacidad o
mejor trayectoria en esta importante labor en la que la universidad ha
registrado pésimos resultados.
Con apenas tres años de experiencia en temas
de transparencia, Felix Ruiz percibe en este flamante puesto un sueldo mensual
de 45,436.31 pesos, según la respuesta otorgada a la solicitud de folio
UABC/UT/024-15 en que se requirió únicamente conocer salario mensual. Sin
embargo en la respuesta a otra solicitud en la que se requirió a la Universidad
copia del contrato por prestación de servicios, es decir el documento donde se
registra detalladamente el sueldo a recibir se indica que esta funcionaria
recibe un pago mensual de 25,204.31 pesos y además un sobresueldo de 9,116.56
pesos. Dejando de lado la información contradictoria reportada en ambas
solicitudes, el término “sobresueldo” genera serias dudas sobre su legalidad,
ya que este es normalmente asociado a la realización de pagos a los
funcionarios fuera de la contabilidad oficial.
Por si esto no fuera suficientemente grave,
la nueva Secretaria designó como Jefa de la Unidad de Transparencia a Olga
Minerva Castro Luque, quien durante ocho años se desempeñó como directora de la
Unidad Concentradora de Transparencia del Gobierno del Estado, caracterizándose
durante su gestión por entorpecer o rotundamente negar una y otra vez las
peticiones de información de la ciudadanía, razón por la cual fue destituida
por el Gobernador Francisco Vega a finales de 2013. De su manera de operar y
trabajar Felix Ruiz tenía pleno conocimiento, ya que como secretaria ejecutiva
del órgano regulador de transparencia conocía la enorme cantidad de recursos de
revisión interpuestos por ciudadanos inconformes en contra del gobierno del
estado.
La nueva funcionaria fue designada para
ocupar la titularidad de una Secretaría en la que ejercerá un presupuesto anual
753,027 pesos, que dicho sea de paso, todo parece indicar que fue creada ex
profeso para que ella la ocupara, ya que apenas unos días antes de su
designación, el día 1 de febrero de 2015 para ser más exactos, se publicó el
decreto de creación en la gaceta universitaria y ella tomo protesta en el cargo
el día 6 de febrero. Esta importante cantidad de recursos difícilmente resulta
justificable, ya que a la fecha de su designación no contaba con un plan de
trabajo a juzgar por las respuestas otorgadas a las solicitudes de información
en las que se requirió dicho documento recibiendo como respuesta que tal
información no se encontraba en los archivos institucionales. La nueva
estructura burocrática sin actividades claramente definidas, ni programas de
trabajo o metas concretas a lograr representan un nuevo lastre para las de por
si decaídas finanzas universitarias.
Pero ser secretaria de transparencia de la
Universidad no era su principal aspiración y solo se trata de un premio de
consolación para Félix Ruiz quien había dirigido sus esfuerzos para presidir al
propio Instituto de Transparencia durante los próximos 4 años. Efectivamente,
en los registros fotográficos difundidos en redes sociales del evento de
presentación de la iniciativa de reforma a la Ley de transparencia de COPARMEX
se puede apreciar en primera fila a la
que aún en esas fechas se desempeñaba como secretaria ejecutiva del ITAIP, sin
saberse a ciencia cierta si contaba con el aval de sus jefes, los Consejeros
del Instituto, para respaldar la propuesta de los empresarios del Estado, pero
que a todas luces resultaba benéfica para sus intereses, ya que dicha reforma
eliminaría los impedimentos legales para presentarse a la convocatoria. Dichas
esperanzas se desvanecieron por completo al haberse desechado en el Congreso
del estado cualquier posibilidad de reforma, con lo que se dio paso al inicio
del proceso de sucesión en el Instituto con la emisión de la convocatoria para
elegir a nuevos consejeros por parte del Gobernador del Estado y en la que ella
no podrá participar por ser empleada de un sujeto obligado de la ley.
“No solamente se va
a cumplir con lo que establece la ley estatal en transparencia, y se pretende
posicionar a la Máxima Casa de Estudios como líder en el tema de transparencia
entre las universidades a nivel estatal y nacional “, afirmó Félix Ruíz en su toma de
protesta en el mes de febrero de este año, sin embargo, a cuatro meses de
distancia se detectan nulos avances en la página de transparencia de la
universidad o algún documento que informe a la comunidad las acciones
emprendidas durante estos meses y por el contrario, cualquier persona puede
constatar el total abandono de sus obligaciones de transparencia, las
respuestas incompletas y contradictorias entregadas a las solicitudes de
información y en general, el nulo impacto de su gestión.
Con estos nuevos funcionarios carentes de
toda capacidad y autoridad moral para encabezar estos esfuerzos, la comunidad
universitaria y la bajacaliforniana en general no pueden esperar resultados
positivos en nuestra máxima casa de estudios y como ciudadanos preocupados de la
correcta administración y aplicación de los recursos públicos la única opción seguirá
siendo el escarnio público y el señalamiento permanente de sus malas prácticas
ante las instancias correspondientes para de esta manera obligarlos a respetar,
obedecer y aplicar la normatividad en la materia.
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