PRESENTA DEMANDA DE AMPARO COPARMEX NACIONAL

Señalan como responsables al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, al Procurador General de la República, a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los Secretarios Federales de estos estados y sus Congresos.

La demanda de amparo es contra actos u omisiones de autoridades del orden federal, estatal y municipal.

El día de hoy el sector patronal presentó una demanda de amparo ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación por los actos y las omisiones de la autoridad federal, de las autoridades estatales y municipales, que han violado los derechos fundamentales de los mexicanos, reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales, de cara a las acciones violentas que ya a lo largo de once semanas, ha protagonizado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Esta demanda de amparo ha sido ya radicada ante el Poder Judicial de la Federación, y recién fue turnada al juzgado décimo primero en materia administrativa a cargo del juez Agustín Tello.

En esta demanda de amparo nos estamos doliendo a la violación de derechos colectivos de los empresarios y de los ciudadanos.

Son ya 82 días de actos contra la ley por parte de los integrantes de la CNTE, ante la evidente falta de capacidad del Estado Mexicano para reestablecer el orden.

Bloqueos y tomas impunes en ocho estados, con afectaciones mayores en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas y en Ciudad de México. Aquí me acompañan los Presidentes de los Centros Empresariales de estas entidades donde se han focalizado las mayores afectaciones. El secuestro de la actividad económica en esas entidades es inadmisible en un régimen que debe ponderar y defender el Estado de Derecho, y con ello el Estado Mexicano está faltando a su obligación básica de hacer valer la ley y que le impone la Constitución federal de la República.

Diversos sectores de la sociedad hemos pedido puntualmente a las autoridades que intervengan para restablecer la paz y el libre tránsito en los municipios y en las ciudades afectadas: No ha habido una respuesta concreta hasta el día de hoy.

No se trata sólo de bloqueos temporales y de daños a carreteras, a vialidades, a plazas comerciales, a bancos o a sedes de instituciones gubernamentales, hemos sido testigos de bloqueos prolongados en carreteras y en vías de comunicación, en ferrocarriles, y en uno de los puertos más importantes del país, como lo es Lázaro Cárdenas que es la vía de abastecimiento principal para regiones industriales, comerciales y de servicios del país.

Diversos sectores industriales han sufrido afectaciones incuantificables, en especial el siderúrgico, que podría verse obligado a realizar un paro técnico ante la carencia de insumos para su producción.

Los Centros Empresariales de la COPARMEX, situados en los estados de mayor conflicto, y con el respaldo de los 65 Centros Empresariales de todo el país, reportamos cómo éste clima se ha transformado en ingobernabilidad regional, y afecta a la micro y a la pequeña empresa, y daña severamente, cada vez más severamente, a los trabajadores y a sus familias, desde luego a las empresas. Muchas de estas empresas carecen ya de inventarios y están ansiosamente a la espera de los insumos de proveedores que no logran arribar por el bloqueo de las vías de comunicación.

Es tan grave la afectación que algunos analistas financieros advierten que esto puede ser parte de las razones de una desaceleración de la actividad económica y por consecuencia de un menor crecimiento del PIB en el segundo semestre de este año.

Ante este caos, la sociedad espera una respuesta puntual e inmediata del Estado Mexicano.

Es importante señalar que no buscamos represión de los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y son sobre todo respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo de todos.

La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías Constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación y a la libertad económica.

Que las negociaciones entre el Gobierno Federal y la CNTE vayan más allá de decisiones unilaterales y violatorias de la Ley como el pago de salarios a comisionados que no trabajan, o la reinstalación de profesores que no cumplen con las evaluaciones contempladas en la Reforma Educativa.

El respeto a la Ley no debe suscribirse a acuerdos de pesos y centavos.

La sociedad no está dispuesta a tolerar que en las negociaciones con la CNTE se acceda a la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quienes la han violado flagrantemente; esto crea precedentes y no resuelve además el fondo del problema. En cualquier momento, estos grupos violentos pueden volver a utilizar sus métodos de chantaje para obtener más y más concesiones.

La Ley debe aplicarse, no negociarse.

Por ello, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 107, fracción II, y demás aplicables de la Ley de Amparo, así como de conformidad con la tesis P. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación XLIX/2007, el sector patronal promueve y ha promovido esta demanda de amparo contra actos u omisiones de autoridades del orden federal, estatal y municipal, a propósito de los bloqueos realizados por los miembros de la CNTE en las últimas 11 semanas.

En esta demanda de amparo hemos señalado como responsables al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, al Procurador General de la República, a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los Secretarios Federales de estos estados y a los Congresos de estas demarcaciones, entre otras autoridades.

Este, el juicio de amparo, es un medio de protección de los derechos humanos al alcance de cualquier gobernado que en este caso la parte quejosa es la Coparmex en defensa de los derechos colectivos, que es quien ha solicitado en nombre de este interés colectivo la protección y el amparo de la justicia de la Unión contra los actos y sobre todo contra las omisiones de las autoridades que no estan cumpliendo con su obligación fundamental de velar por la defensa de estos derechos.

El ejercicio oportuno de las autoridades para cumplir con sus obligaciones y mantener el orden público constituye una garantía individual de los gobernados, por eso la omisión de tal ejercicio, en condiciones extremas como las que se están dando hoy en día, implica una violación grave de las garantías, al ser obligación de los órganos del Estado velar por la seguridad pública y por la protección del mismo orden público, los cuales son fundamentales para la vigencia del Estado de Derecho y el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estaremos por tanto atentos al seguimiento que se de en el Poder Judicial de la Federación de nuestra demanda, confiando como estamos de que habremos de recibir el amparo y la protección de la Justicia Federal para que se restablezca el orden y la legalidad en los estados afectados.

Los empresarios de la COPARMEX refrendamos desde luego nuestro compromiso con México para seguir invirtiendo, generando empleos formales, contribuyendo a un desarrollo más incluyente, que permita con el restablecimiento del orden, también restablecer la democracia y retomar la ruta del desarrollo.