MEXICALI B.C.- Para Fernando
Rosales, abogado del Movimiento Mexicali Resiste y vicepresidente del Colegio
de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, “el Decreto 57 que crea el
endeudamiento millonario a cargo del Estado, se utiliza a través de las APP
sobre la Ley vigente para encubrir el gasto corriente con la deuda pública”.
El licenciado, quien ha encabezado un
movimiento social en la Capital del Estado, asegura que “los más de 65 mil
millones de pesos que se endeudó el Estado para pagarse en tres
décadas (en el caso de la desalinizadora), no va entrando como deuda pública,
sino como gasto corriente, y ésa es la simulación jurídica que fue orquestada y
votada por el Congreso del Estado”.
Y amplía:
“A final de cuentas,
es un endeudamiento muy alto que está pagándose más de cuatro veces, el costo
de una obra. Sin pasar por alto, la dirección que le da el Gobierno del Estado
a ciertos entes como Víctor Hermosillo, que tiene un conflicto de intereses
grandes. Se va a privilegiar ese gasto corriente sobre el tema de pensión,
salud, educación y cultura”.
Rosales remata: “Las
APP finalmente son una deuda. El presupuesto es uno solo y el Gobierno del
Estado tiene que capitalizar ingresos para pagar a esas personas morales. El
Gobierno del Estado se convierte en un obligado solidario”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario