Foro Nacional “El
desarrollo sostenible, sustentable y con identidad de los pueblos indígenas”.
CIUDAD DE MÉXICO Méx.- Intervención de
Jaime Martínez Veloz, en el marco del Décimo Aniversario de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por
la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, la Cámara de
Diputados en su LXIII Legislatura, a través de la Comisión de Asuntos
Indígenas, se realizó el Foro Nacional: “El desarrollo sostenible, sustentable
y con identidad de los pueblos indígenas”.
En la primera de las
cuatros mesas, con el tema: Realidad económica y social de los pueblos
indígenas de México, el titular de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos
Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, planteó que ante los recortes al
gasto social dirigido a los Pueblos Indígenas, es necesario cancelar el
Convenio firmado en al año 2007, por el Presidente Felipe Calderón con el
Gobierno de Canadá llamado "para evitar la doble Imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta"
Señalo que "al
presupuesto del año de 2017 se le hizo un recorte de más del 51% a la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), no existiendo
ninguna justificación ni argumentación valida; porque si el recorte general a
las otras dependencias debido al déficit financiero del año pasado era
alrededor del 10 o 12%, se recortó sin ningún criterio explicable a la
dependencia CDI que es la que atiende a los Pueblos Indígenas en más del 50%,
lo que es injustificable.
Más allá del aspecto
financiero esto significo un mensaje muy desalentador a los Pueblos Indígenas.
El presupuesto para la CDI proyectado en el PED para el 2018, ronda alrededor 6
mil 100 millones de pesos, casi el mismo del 2017, por lo que se manifiesta que
se sigue manteniendo la misma actitud restrictiva frente a esta dependencia que
se encarga de articular la política del Gobierno Mexicano hacia los Pueblos
Originarios.
Y aquí me he
preguntado si en realidad eso significa un tema exclusivamente financiero o
tiene otra connotación de carácter político.
Martínez Veloz hizo
la referencia de que desde 1982 en este país se viene implementando un modelo
en donde se definió que el gobierno no debería tener bajo su responsabilidad
muchas de las acciones que pudieran realizar la iniciativa privada y
ciertamente había excesos en algunos casos, había empresas que el gobierno no
debía tener bajo su responsabilidad, pero también había muchas otras que son
significativamente importantes para garantizar la gobernabilidad y la
estabilidad social.
Pero no podemos
confundir una fábrica para hacer bicicletas, que una empresa para producir
energía eléctrica.
En este contexto,
este conjunto de medidas que se han venido implementando en los últimos 35 años
tienen su expresión más dramática y más terrible en el territorio de los
pueblos indígenas.
Muchas de las
noticias de los hechos que pasan en los pueblos no llegan a las ciudades,
porque no hay teléfono, no hay energía eléctrica o porque simplemente las
compañeros no tienen la capacidad económica, para poder trasmitir lo que está
pasando en sus pueblos, en la Sierra Norte y Negra de Puebla , con los
tarahumaras en Chihuahua, con los yaquis en Sonora, en los Valles Centrales de
Oaxaca en fin en muchos lugares del territorio nacional hay tensiones sociales
unas muy añejas y otras no tanto, pero al final de cuentas están ahí, presentes
en la vida cotidiana de los pueblos.
Hasta antes de los
años noventas existía un fuerte apoyo al campo y si bien es cierto que había
hechos de corrupción, y algunos otros criticaban que existía paternalismo, en
lugar de combatir los hechos de corrupción, lo que hicieron fue cancelar los
apoyos que hacían posible que el campo que tuviera estabilidad social.
En cuanto al
paternalismo, este no se ha ido de la vida pública, solamente que ha cambiado
de dirección, lo que antes se destinaba para el campo hoy se destina para los
banqueros, los viejos críticos del paternalismo que son los usufructuarios de
lo mismo que criticaban.
La experiencia nos ha
dicho que cuando una actividad económica publica se transfiere al terreno de lo
privado no solamente se produce una transferencia de carácter económico sino
existe una transferencia de poder político, que les permite a estos nuevos
actores adquirir o acrecentar su influencia para orientar la opinión pública o
para presionar al Estado hacia aquellas acciones inscritas en la lógica de sus
propios intereses
El titular de la
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas retomó algo que para muchos
ha sido olvidado; la banca es el mejor ejemplo de esto, primero se nacionalizó
y después se privatizo mediante una venta por la que se obtuvieron 10 mil o 12
mil millones de dólares, sin embargo, hemos tenido que pagar según algunos
especialistas, más de 70 mil millones de dólares por los rescates de los bancos
mexicanos que por cierto la mayoría hoy están en manos de extranjeros.
Y en la minería
igual, ¿qué fue lo que hicieron? Resulta que en el gobierno de Calderón firma
un convenio con Canadá que se llama “Para evitar la doble tributación del
impuesto sobre la renta”, que quiere decir que se llevan el oro, la plata las
empresas canadienses y además se llevan los impuestos.
Y para ello tengo el
ejemplo de la minera Peñasquito en donde en el 2014 el valor de la producción
fue de 21 mil millones de pesos, los impuestos que pagaron en México fueron 183
millones de pesos y lo impuestos que regresaron de Canadá por concepto de
Impuesto sobre la Renta, ascendieron a la cantidad 6 mil 300 millones de pesos,
es decir lo que le recortaron a la CDI en el año 2017.
La información del
volumen de la producción minera que tenemos a nuestro alcance es la información
que dan las empresas mineras, no las dependencias del gobierno, porque tal como
lo documenta la propia Auditoria Superior de la Federación, en su reporte del
año 2014, la Secretaría de Economía que debe tener bajo su responsabilidad la
vigilancia y la supervisión de la producción minera, resulta que no cuenta con
supervisores, ni sabemos cómo país que es lo que realmente estamos produciendo
y cuáles son las cantidades de metales y minerales que exportamos.
Sin embargo, para los
pueblos indígenas no tenemos los recursos suficientes.
Se declara
reiteradamente que tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas, pero
lo primero que garantiza el Presupuesto de Egresos es el pago de la deuda
pública que este año asciende a 500 mil millones de pesos, solo por los
servicios de intereses.
En síntesis, habría
muchísimas cosas que reflexionar, pero, quiero destacar que el Estado es el
responsable fundamental de construir una nueva relación con los pueblos indígenas
que son el cimiento de esta nación, que, si la imagináramos como un edificio
muy bello muy hermoso con muy buenos acabados, pero sin el cimiento adecuado,
ese edificio no va a servir.
Este es el reto que
tenemos, construirlo, consolidarlo y tratar de que esto sea lo más pronto
posible, los pueblos indígenas no solamente tienen las mismas condiciones de
pobreza que en 1994, esa pobreza hoy tiene otros agravantes contaminación,
incertidumbre, inseguridad.
Estoy convencido que
los pueblos tienen la capacidad para salir adelante y que este esfuerzo que
está haciendo la Comisión de Asuntos Indígenas tendrá el apoyo de todos
aquellos que están luchando por un mejor país y sobre todo la construcción de
una relación sólida y justa entre el Estado y los pueblos indígenas de México”.
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