Que el gobierno
ponga las condiciones y piso parejo para todos: Jorge Cortés Ríos.
Ofertar agua a
particulares sin generar monopolios como la APP que ya opera en Rosarito.
ENSENADA B.C.- Que los gobiernos federal y estatal brinden las
facilidades para cualquier empresa o particular pueda “producir” agua potable a
partir de agua de mar, como una forma práctica de resolver el desabasto y
controlar los costos de este vital elemento para la sostenibilidad social,
propuso Jorge Eduardo Cortés Ríos.
El presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (Canacintra), dijo, que abrir la oferta de agua a
particulares sin generar monopolios como la APP que ya opera en Rosarito, es la
forma más democrática y económicamente viable de asegurar el abasto de agua a
largo plazo.
Lo mismo se debe hacer con tratamiento
secundario y terciario de las aguas residuales para reúso agrícola e industrial
que actualmente se tiran al mar con todas las pérdidas económicas que eso
implica, señaló.
A nivel nacional, industrias estratégicas
como la del petróleo, gas, gasolina, otros energéticos, así como la generación
de electricidad, aseveró, ya fueron abiertas a la inversión, producción y
comercialización por parte de la iniciativa privada, por lo que no hay razón de
mantener monopolios en la industria del agua.
Jorge Eduardo Cortés Ríos consideró, que, a de
acuerdo con la CESPE, ya se tiene un costo de 12.62 pesos por metro cubico de agua
que está dispuesto pagar el organismo, en el que se incluyen costos de: energía,
mantenimiento, conservación y amortización, según comunico el director Carlos
Loyola a los empresarios.
Ahora solo faltan los demás datos técnicos y
abrir la oferta de agua a la iniciativa privada y que el gobierno ponga claramente
las condiciones calidad, partes por millón de solidos disueltos (sales), volúmenes,
presión y cualquier otra, para que, quien tenga la capacidad financiera y
técnica pueda producir y vender el líquido, una vez que de forma transparente
sean licitados los contratos de compra, no de la construcción de las
desaladoras.
Si en un tiempo razonable no hay una oferta
de agua desde la iniciativa privada, entonces con las mismas condiciones se
debe hacer una propuesta con inversión con recursos fiscales.
Es muy importante resaltar que las
condiciones deben de ser las mismas para privados que para el gobierno, y, si
cambian para unos, también para los otros “para que haya piso parejo” para todos,
apuntó.
Este es el mecanismo por el cual debería
plantearse cualquier APP, únicamente cuando el gobierno financieramente no
pueda solo por falta de recursos fiscales.
El dirigente de Canacintra señaló que de
ninguna manera esta propuesta rompe con el control del agua por parte del
gobierno, ya que de acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución: “La
propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido
y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada.”
Abrir la “producción” de agua para la
agricultura y para consumo humano ya se da en todo el país, subrayó Cortés Ríos,
un ejemplo son los agricultores de San Quintín donde hay decenas de plantas
desaladoras cuya producción se utiliza para el cultivo de la fresa y berries.
Otro caso es el del suministro de agua en
garrafón por parte de pequeños empresarios que han invertido en plantas
potabilizadoras en muchas ciudades del país o de transnacionales que embotellan
millones de litros de agua por los que se paga de 6 a 45 pesos la botella de
350 mililitros a 5 o más litros.
Aclaró que la propuesta no elimina a los
organismos reguladores y operadores del agua como la CEA y la CESPE, ya que
seguirán realizando las mismas funciones, solo que sus fuentes de
abastecimiento serán más y la oferta de precios puede ser mejor, sin que el
gobierno tenga que invertir recursos públicos o empeñar el futuro de los bajacalifornianos
por décadas.
Con esta propuesta, manifestó Cortés Ríos, se
resuelve el problema del abasto, se alienta la economía, se brinda certidumbre
por el suministro, se genera transparencia en el negocio del agua y se terminan
las polémicas por la sospecha de que algunos políticos o particulares
favorecidos lucren de manera ilícita.
El gobierno solo sebe tener voluntad política
y comprometerse a comprar solo el agua necesaria a quien le ofrezca las mejores
condiciones de calidad, precio y entrega, aseguró el presidente de la
Canacintra Ensenada.
Una ventaja más sería que teniendo el vital
líquido se podrían alentar las inversiones en industria o el turismo, entre
otras actividades económicas, que ahora no se pueden hacer por carecer del
agua, por un ejemplo, plantas agroindustriales, para proceso de alimentos,
textiles y demás.
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