MEXICALI
B.C.- Como representante del pueblo y diputada por el Partido del
Trabajo, voy a luchar para echar abajo la ilegal aprobación del Dictamen 95 que
pretende entregar la operación y venta de agua de las desalinizadoras de
Rosarito y San Quintín, a empresas privadas mediante Asociaciones Público
Privadas totalmente opacas y con cláusulas de contratación leoninas y lesivas
para el dinero e interés público.
Este Dictamen, implica que se generará
un endeudamiento público de más de 80 mil millones de pesos, lo que representa
estar pagando más de 149 millones de pesos al mes, durante más de treinta años,
a través de aumentar el precio del agua.
Esto demuestra que la mayoría de los
diputados panistas, con la honrosa excepción del diputado Miguel Osuna Millan,
se han sometido al interés del gobernador y de sus socios contratistas, que se
quieren enriquecer a costa de la economía de las familias bajacalifornianas.
El PAN y su aliada del PRD se
confabularon, y de forma perversa, planearon convocar a las 8 de la mañana a
una sesión extraordinaria que iniciaría a las 8 con 45 minutos del mismo día. Y
esto lo hicieron con toda premeditación, a escondidas y al amparo de la noche,
ya que unas horas antes al concluir la sesión a las dos de la mañana, se
convocó para el día 7 de diciembre.
De tal forma que solo se darían cuenta
de esta convocatoria los diputados del PAN y su satélite perredista para sacar
adelante una sesión totalmente arbitraria y con evidentes ilegalidades a la
constitución y la ley orgánica del Congreso del Estado.
Afortunadamente nos dimos cuenta de
dicha convocatoria distintos diputados de los partidos del PRI, del PBC y PT,
logrando hacer acto de presencia, para exhibirlos en dicha sesión como
legisladores que abusan de su mayoría y que están pasando por encima no solo de
la ética política, sino que están pasando por encima de la constitución de Baja
California, de la ley orgánica del congreso e incluso sin cumplir lo que establecen
las leyes estatal y federal en materia de asociaciones público privadas.
Es por tal razón, que con apoyo mis
asesores y del equipo jurídico del Partido del Trabajo, pretendemos interponer
una acción de inconstitucionalidad, y buscaremos que sea en coordinación con
diputados del PES, PBC, PRI Y MORENA, por existir vicios en el procedimiento
legislativo en la convocatoria, dispensas de trámites y otras irregularidades y
violaciones legales a ordenamientos jurídicos, inherentes al objetivo del
dictamen 95 de la Comisión de Hacienda.
Los panistas ya olvidaron que los
legisladores, somos antes que nada representantes del pueblo y que nuestro
mandato emana de la voluntad ciudadana y que por tal razón antes que en
intereses económicos de grupos o personas, debemos velar por los derechos e
interés del pueblo.
Pero esa mayoría legislativa del Grupo
Parlamentario del PAN, con 12 de sus diputados y la diputada perredista, no
cuentan con el respaldo de la mayoría del pueblo y con ese respaldo popular los
vamos a vencer y a obligar a que respeten la constitución, las leyes y el
interés de a gente.
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