Alejandra León Gastélum, Senadora por Baja
California, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se sirva
tomar medidas extraordinarias a fin de evitar el desfalco de la Hacienda
Pública del Estado de Baja California en el último año de gobierno.
En su proposición con punto de acuerdo,
exigió a la ASF inicie el procedimiento de resarcimiento de los daños y
perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha
entidad, lo anterior derivado de los resultados del Informe General Ejecutivo
Cuenta Pública 2016 así como de los Informes Especiales por auditorías
practicadas.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT) señaló que de las revisiones,
acciones y auditorías, se desprende que el gobierno de Baja California ocupa el
noveno lugar en cuanto a observaciones recibidas por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, esto es, 22 entidades federativas y la Ciudad de
México fueron mejores en el manejo de los recursos públicos.
El Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto
Federalizado, verificado también por ASF, Baja California en el ejercicio 2016
fue de 77.7, por abajo de entidades como Aguascalientes, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, la Ciudad de México, Colima, el Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Sin duda, explicó León Gastélum, la ineficacia en
el ejercicio de las administraciones provenientes de los distintos ramos que
integran el Presupuesto de Egresos de la Federación inciden en el deterioro del
nivel de vida del pueblo de Baja California e impiden aprovechar las ventajas
comparativas con que cuenta la entidad derivadas de su envidiable ubicación
geográfica en el extremo occidental de la frontera norte de la República
Mexicana.
Por otra parte, en relación con las Observaciones
con Impacto Económico Pendientes de Solventar de 2012 a 2016, en el concepto de
Gasto Federalizado Programable, considerando el importe de procedimientos
resarcitorios en desahogo 2012-2013 y el monto de denuncias de hechos, se tiene
que para Baja California el monto pendiente de solventar, derivado del Pliego
de Observaciones a las Cuentas Públicas 2012-2015, asciende a la cantidad de
$4,661.4 millones de pesos.
En cuanto a las Participaciones Federales 2016,
respecto de Baja California se registraron Observaciones con Impacto Económico
pendientes de solventar por $583.9 millones de pesos, de los cuales $235.7
corresponden a gobiernos municipales de la entidad.
La senadora por Baja California también solicitò en
su propuesta que se dé vista a las autoridades competentes con el propósito de
que el gobierno de Baja California cumpla con sus obligaciones a fin de
observar los límites y modalidades de la deuda pública contratada, en términos
de lo dispuesto por el artículo 53 en relación con el 70 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Asimismo demandó que en razón de que, derivado de
los desvíos y demás irregularidades encontradas a través de las acciones,
revisiones y auditorías a que se refiere el Informe General Ejecutivo Cuenta
Pública 2016 así como de los Informes Especiales, existe la presunción seria y
grave de que en el último año del gobierno del estado de Baja California
proliferen los hechos de corrupción, se sirva promover, con base en los
elementos de prueba hasta ahora recabados, el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, presentándolo ante la autoridad competente
según la autoridad y/o servidores públicos que resulten probables responsables,
como medio para proteger los recursos públicos destinados al pueblo de Baja
California, en particular los relativos a infraestructura y programas sociales
para los grupos vulnerables.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Anticorrupción,
Transparencia y Participación Ciudadana.
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