Presenta ante el Pleno Punto de Acuerdo a nombre de
las Fracciones del PRI, PVEM, PT y PES.
Se refiere a publicaciones de periódicos La
Crónica, Frontera y El Imparcial, que involucran presuntamente al Gobernador
del Estado y funcionarios y a una empresa fraccionadora.
MEXICALI, B. C.-
La Diputada Margarita Corro Arámbula exhortó al Auditor Superior de
Fiscalización del Estado, Manuel Montenegro Espinoza a que realice
una revisión exhaustiva y recabe todos los elementos de información y
documentación necesarios de las Cuentas Públicas involucradas en el presunto
conflicto de intereses, relacionados con el desarrollo inmobiliario “San Carlos
Entorno Residencial” de Tijuana, para en su caso, deslindar
las responsabilidades a que hubiera lugar.
Dado que el asunto
pudiera generar un perjuicio grave a la sociedad al involucrar el ejercicio y
destino de recursos públicos, al presentar a nombre de las fracciones del PRI,
PVEM, PT y PES el Punto de Acuerdo ante el Pleno, la Legisladora solicitó la
dispensa del trámite correspondiente.
Dijo que la
notable Organización no Gubernamental Transparencia Internacional que estudia y
sigue los temas de corrupción en el mundo, a través del Índice Nacional de
Corrupción y Buen Gobierno en México, proporcionó datos que registran la
corrupción de los tres niveles de gobierno y empresas particulares, al medir
los niveles de corrupción en servicios públicos y trámites en Baja
California, durante los años 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010, concluyendo que
nuestro Estado ocupa actualmente la posición número 14 de las 32 entidades
federativas.
En esta medición,
mencionó que los servicios o trámites que registran la mayor corrupción son
diversos e involucran distintas instancias de Gobierno, pero también a
particulares. como son: los relacionados con infracciones de tránsito;
contrabando en las aduanas; recuperación de vehículos robados; evitar la
detención o realizar una denuncia en el Ministerio Público; el comercio ambulante;
el pago del predial; hasta la conexión de servicios telefónicos, de agua y de
electricidad; obtener una ficha de inscripción en una escuela o recibir apoyos
del Gobierno.
Por ello, agregó
que el papel de la denuncia periodística cobra la mayor importancia pues en el
ejercicio de la profesión, los medios de comunicación y los ciudadanos en
general, por encima de cualquier interés personal o de grupo, contribuyen al
control y fiscalización de los recursos públicos y a la actuación conforme a
Derecho de los servidores públicos.
De ahí que, en
ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fiscalización Superior de los
Recursos Públicos para el Estado y sus Municipios confiere a este Congreso, por
conducto del ÓRFIS y luego de que los periódicos La Crónica, Frontera y El
Imparcial, publicaran el posible conflicto de intereses que involucra al
Gobernador del Estado, a su Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
entre otros servidores públicos, así como a la empresa Fraccionamiento Arnaiz,
S.A. de C.V por presuntos intereses personales o de negocios que pudieron
afectar el desempeño imparcial del empleo, cargo o comisiones públicas.
“Quienes
suscribimos la presente proposición, -enfatizó- estimamos necesario desplegar
el mayor de los esfuerzos institucionales para coadyuvar al esclarecimiento de
los hechos denunciados, pues la Sociedad en general merece conocer si en el
caso concreto, los cargos oficiales fueron utilizados para obtener beneficios
personales o a favor de terceros”.
La Diputada Corro
subrayó que hace apenas unos días, este Congreso turnó al ORFIS las Cuentas
Públicas de todas las Entidades que ejercieron recursos públicos durante 2014,
para los efectos de que verifique el cumplimiento de leyes, decretos,
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de contratación de
servicios, obra pública y adquisiciones, entre otros.
Además de que sin
perjuicio de los principios de anualidad y posteridad, las Entidades
Fiscalizables, deben remitir a más tardar en abril a esta Soberanía, el Informe
de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2015 y estos pueden ser
auditados de manera inmediata.
“Estimamos
determinante que los hechos denunciados y que ponen en duda la objetividad y
legalidad de los más importantes servidores públicos del Estado, así como de
una prominente empresa involucrada, sean investigados exhaustivamente por la
autoridad constitucionalmente competente y previamente constituida”,
puntualizó.
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