Por: Arturo Ruiz, El Súper Cívico.
El Congreso del Estado es la caja de resonancia por excelencia,
de la vida política de la entidad.
Esto debido a que en sus sesiones los diputados emanados de
distintos partidos políticos pueden analizar, debatir y hacer públicos sus
posicionamientos y votos razonados, en torno a las propuestas, acuerdos y
dictámenes de las distintas comisiones del poder legislativo.
Por tal razón, es entendible que en el recinto en donde trabajan
los diputados como representantes populares, deben hacerlo en sesiones públicas,
abiertas y transmitidas a través de las redes sociales.
También es entendible que por seguridad de los asistentes del
público en general, de los empleados y de los legisladores, se debe registrar
el nombre de los visitantes y asegurarse que en sus bolsos, maletines o
mochilas no porten ningún tipo de armas.
Es más ni los guardias, ni legisladores, ni sus asistentes o
guardias personales deben portar armas bajo ninguna circunstancia, en este
espacio público en donde se debate en ocasiones acaloradamente, entre los
mismos legisladores y últimamente en donde los grupos de personas que acuden
también se manifiestan y exigen ser escuchados en sus reclamos y propuestas.
Esto último es una señal obvia de que es tiempo de dar paso a
una democracia participativa que deje atrás el esquema de la democracia
representativa.
Un nuevo paradigma en la forma de tomar decisiones por el poder
legislativo que elimine el poder discrecional e individual de cada legislador o
grupo parlamentario, en cuanto al sentido de su voto en actos que impliquen la
cancelación de derechos o libertades, afectación del territorio estatal,
afectación económica de los gobernados o entrega de los bienes patrimoniales
del estado.
Y que en dichos casos, los diputados estén obligados a realizar
consultas y plebiscitos previos a la votación en el seno del poder legislativo.
Pero en la actualidad eso no se da y debido a eso, se generan
enconos, alimentados por la fuerza del mayoreíto, la falta de dialogo, la
opacidad y falta de transparencia en diversos dictámenes que implican
afectaciones al interés general de los ciudadanos o que implican la pérdida o
privatización de bienes de uso común.
Por tal razón quizá se está llegando al extremo de los insultos,
gritos y amenazas por parte de algunas personas que agrupadas o individualmente
le reclaman su forma de actuar a los diputados… si, esos que en términos
constitucionales los representan y que forman un contrapeso a los actos del
poder ejecutivo.
Mientras esto sucede y se agudizan las sesiones dentro del congreso
en el edifico de enfrente, el titular del poder ejecutivo, el gobernador del
estado, está ausente, escondido, aparentemente ajeno y sordo a la voz de
campesinos, de empresarios, de académicos y del pueblo en general que se oponen
a sus pretensiones privatizadoras y de endeudamiento del estado a costa de
pagos que tendrán que hacer los ciudadanos.
El fardo bajacaliforniano, lastra ahora a su partido y a sus
diputados, su pesada carga de mandatario mercenario, de gobernador vendedor, de
empresario metido a político, los conduce a un caminar incierto y sumamente
anti popular. ¡Ese fardo afecta al PAN de Baja California!
Ese Fardo de más de 60 años de edad, pretende endeudar al estado
al que administra, por más de 30 años, con una carga de más de 81 mil millones
de pesos. ¿Por qué? ¿Para beneficio de quienes está haciendo esto? Para su
futuro no creo. Ese Fardo tendrá 90 años al término de la deuda.
¿Pensara que va a disfrutar de las ganancias que seguramente
obtendrá al concretar dichos contratos plurianuales, en sus últimos años de
vida, viviendo como un virrey en la opulencia aun a costa del desprecio y
afectación de todo un pueblo? ¿Lo hará para heredar una riqueza millonaria a
sus descendientes?
¡Una riqueza material obtenida a costa de endeudar a toda una
entidad por más de tres décadas!!!
Si eso es lo que piensa, es repugnante, y el pueblo de Baja
California está en su legítimo derecho de tratar de impedirlo.
Los empresarios dignos y honestos de nuestra entidad ¿ya se
habrán dado cuenta que este gobernador se está convirtiendo en un pesado fardo
que va a lastrar el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestra
entidad?
Esperemos que sí, esperemos igualmente que la mayoría de
legisladores sin distingo de partidos políticos impidan este terrible
endeudamiento que solo enriquecerá a unos cuantos amigos o socios del fardo de
Baja California.
Y mientras, el Frado Gobernante de Baja California se pasea
tranquilo, la pelea, la arena de gladiadores, leones y soldados, está en la
sede del poder legislativo.
Ahí, un presidente titubeante, inexperto, sin la altura de miras
para entenderse como el representante de la Soberanía del Poder Legislativo,
ese presidente, no es capaz de hacer transparentes los dictámenes que le
pretenden imponer para su votación.
Por su parte, algunos diputados y diputadas, intentan salir
avante, unos cumpliéndole a su jefe gobernador, cargándolo sobre sus espaldas
como un pesado fardo y otros, sacando raja política de esta situación con fines
de futuras cosechas electorales.
Un Fardo gobernando, un congreso sumiso y trastabillante y un
poder judicial que no se asoma ni por curiosidad, son la muestra evidente, de
que urge un cambio y el establecimiento de nuevos paradigmas en la forma de
gobernar, de tomar decisiones y de imponer justicia.
Para sacar adelante los contratos plurianuales del gobernador
¿será necesario que corra sangre de los inconformes?
¿será necesario que corra sangre de los inconformes?
Para incrementar las fortunas de Kico y sus socios ¿son
necesarias las detenciones de personas que se calificaran como presos políticos?
No lo sé, pero este gobierno encabezado por un Fardo huele mal,
huele a corrupción y tiene un tufillo a fascismo… ¿O no?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario