La innecesaria
desalinizadora nos dejará una deuda por 76 mil 901 millones de pesos a pagar
por durante 37 años.
Rosarito no tiene por
qué pagar el agua para San Diego.
PLAYAS DE ROSARITO B.C.-
“La
desalinizadora que el gobierno estatal nos ha impuesto a los bajacalifornianos
no solamente es innecesaria, sino que conlleva una deuda de 76 mil 901 millones
de pesos, que cargaremos todos los habitantes de la entidad durante 37 años. Anunció
Adriana López Quintero, candidata a diputada federal por el distrito 07.
López Quintero recorrió las calles de este
municipio, donde escuchó la preocupación que existe entre los rosaritenses, por
los efectos sociales, financieros y ecológicos que traerá la desalinizadora.
Y reunida con vecinas y vecinos de la zona,
ante el terreno donde se edificará la planta, advirtió: “Rosarito no será el
desagüe de nadie, ni tampoco va a cargar una pesada deuda, nada más para que
una empresa extranjera, como lo es Consolidated Water, haga negocio”.
“Los bajacalifornianos vamos a pagarle toda
la construcción de la planta a Consolidated Water, para después comprarle agua
a precio de oro y que, encima, ellos puedan venderle otro tanto a la ciudad de
Otay, en California, para ganar todavía más dinero, ¿pues cómo no van a estar
contentos? Si se encontraron a un gobierno entreguista, que les puso todo en
charola de plata, que les está permitiendo hacer un negocio multimillonario,
sin poner un peso”, señaló.
“Serán terribles las consecuencias de este
proyecto para nuestras familias, pues además de las afectaciones que traerá la
salmuera al ambiente, la compra de agua a Consolidated Water provocará que
aumenten las tarifas de agua en todo el estado, lastimando la economía de
nuestras familias”, delineó.
“Resulta escalofriante que el gobierno
estatal haya endeudado por 37 años a los bajacalifornianos. Imagínense, mi
hijo, de 8 años, tendrá 45 cuando acabe de pagarse la deuda. Es probable que ni
ustedes, ni yo, estemos aquí para ver ese día. Serán generaciones y
generaciones de bajacalifornianos, cargando con esa injusta losa”, manifestó.
En cuanto a las penalizaciones que deberán
pagarse si se cancela el proyecto, López Quintero no soslayó que “por
desgracia, son altas, pero también muchísimo menores a los 76 mil millones de
pesos que vamos a terminar pagando, durante 37 años. Malamente, el gobierno
estatal firmó un contrato leonino, muy favorable a los intereses de
Consolidated Water y desfavorable a los de Baja California”.
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